Partiendo de la base de que lo ganado legalmente es legítimo, ¿por qué
habría yo de contribuir con más? Mi esfuerzo me ha costado conseguirlo. Otra
cosa es que quiera contribuir "voluntariamente" con mis ingresos para
el bien común. Pero por el simple hecho de que mis rentas sean más altas, no
tiene por qué, el gobierno, sablearme con un tipo impositivo mayor. Esta forma de actuar
es propia de los gobiernos totalitarios que resuelven expropiándolo todo.
Un Estado que se llame democrático, no puede legislar basándose en el
"robo" y es justamente lo que hace. El eufemismo de la
"progresividad tributaria" es una forma moderna de expropiación de
los bienes privados. Si lo ganado es lícito, entonces sólo a su dueño le
pertenece. Únicamente un Estado totalitario legislaría por medio de la coacción
y la usura. Y sólo el Estado se arroga la facultad de robar y quedar impune del
castigo.
Y es que, la "progresividad tributaria" se ve como una forma de
"solidaridad social", pero la solidaridad está bien para Cáritas. No
debe el Estado decidir por mí si quiero ser más o menos caritativo con mis
compatriotas porque esa facultad sólo me incumbe a mí. Y si lo hace, se trata
de un intrusismo intolerable que atenta contra la propiedad privada.
Yo abogo por un tipo tributario único, independientemente de cuáles sean mis
ingresos. ¿No somos todos iguales ante la ley? Pues seamos iguales también en
esto. Me parece justo contribuir por un bien común. Pero más aún por un bien
privativo. Lo justo sería un tipo fijo de IRPF con un mínimo exento de
gravamen. Si lo que se trata es de freír con impuestos al que más tiene,
aplíquese entonces un canon más alto sobre los artículos de lujo y no tanto
sobre el IRPF que nos afecta a todos.
La "Progresividad en el sistema tributario español" viene recogido en
el art. 31,1 de la Constitución Española, como uno de los principios
constitucionales de justicia tributaria, junto a los principios de
generalidad, capacidad económica, igualdad y no confiscatoriedad. Y enlaza con
la cláusula del Estado de Derecho del art. 1,1 CE, con el principio de igualdad
(véase igualdad ante la ley) en sentido material, recogido en el art. 9,2 de la
Carta Magna.
Al pretender hacer que contribuyan los que más tienen con respecto a los que
tienen menos, provoca un efecto redistributivo, y que a juicio del texto, ayuda
a corregir las desigualdades entre los ciudadanos. Pero esto no es cierto: en
España no se discrimina por la raza, ni por la edad, ni por el estatus social,
etc., estas desigualdades están ampliamente protegidas por la propia Carta
Magna y por las leyes. Y sin embargo, sí se discrimina fiscalmente a unos
ciudadanos frente a otros a causa de sus ingresos. Más bien pareciera que lo
que se pretende en realidad es castigar a la clase pudiente por el simple hecho
de serlo.