Hemos sabido hoy que el gobierno ha indultado a los sentenciados por el "Procés". Como amante de la libertad, entiendo que nadie debe ser privado de ella por razón de sus ideales, sean o no legítimos, pero el problema no son las ideas, ni siquiera las mezquinas, sino que la materialización de éstas implique la pérdida de libertad de los otros. Como decía Jean-Paul Sartre: "Mi libertad termina dónde empieza la de los demás". Del mismo modo, los derechos de unos terminan donde empiezan el de los demás y viceversa. Y por lo tanto, nadie tiene por qué decidir unilateralmente sobre mí y mi propiedad. Como amante de la libertad individual que también soy, creo que el Estado debe meterse en sus asuntos y el ámbito privado no lo es. Con todo, no entraré a valorar si la autodeterminación de Cataluña es razonable o no; aunque creo en la emancipación de las personas como en la de los pueblos, eso sí, en un contexto de sometimiento o colonización y éste no es el caso. Así que me centraré en el tema que nos ocupa hoy y es, el del indulto.
El indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, regulada en la Ley de 18 de junio de 1870 que establecía, ya entonces, reglas para el ejercicio de la gracia de indulto consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme. Sin embargo, la concesión del indulto responde a las necesidades propias de la sociedad de aquella época, cuyo propósito era perdonar a los políticos que el rey absolutista Fernando VII había condenado injustamente por formar parte de la oposición política. Por lo tanto, la ley hacía y hace referencia a un contexto muy diferente al actual. Es prerrogativa inexcusable el arrepentimiento del reo y parece que en el caso catalán no se ha producido ni tiene visos de que así sea. De hecho, parece que los aludidos tienen intención de reincidir de nuevo en el mismo delito de sedición por el que fueron condenados. Por otro lado, el gobierno está obligado a una motivación que justifique el mismo; aunque sospecho que ésta hablará en términos de concordia y de reconciliación nacional como si aquí alguien hubiera pretendido subyugar a alguien. Besugadas.
Entonces, de qué estamos hablando. Hablamos de políticos condenados por sedición que no se arrepienten y que ni siquiera quieren el indulto sino la amnistía y la autodeterminación de Cataluña en contra del deseo general del resto de los españoles. Porque, uno puede querer separarse de su esposa y no necesita el consentimiento de ésta para hacerlo, pero existen unos bienes en común que no puede apropiarse sin más. Y este es el caso, la apropiación de un territorio que pertenece a todos, al matrimonio que se llama España. Si el marido en fuga quisiera venderlos, alquilarlos o quemarlos no lo podría hacer sin el consentimiento de la otra parte; parece obvio. Podría oponerse, oponerse del todo, oponerse a ratos, oponerse tres cuartas partes, o vaya a saber usted qué, porque en lo tocante a los matrimonios, mejor no meterse, no lo puede hacer. Punto. Pero prosigamos.
Por otro lado, está la cuestión de si esos indultos se ejecutan por "el bien general del país", cosa que dudo. El bien general es un tema difuso, pero creo que hay un cierto consenso en que tales indultos no benefician a nadie, ni siquiera a los indultados. Por lo que no se entiende qué se pretende al seguir con esta locura. Bueno sí, pagar los favores adeudados con la investidura del Presidente. Algo en lo que nada tenemos que ver los españoles que, sin comerlo ni beberlo, somos rehenes de esta farsa y así seguiremos mucho tiempo más.
Asimismo, la imposición "de la gracia' que nos hace el indulto supone una quiebra del sistema judicial español, donde todo castigo por sentencia firme puede ser "levantado" a conveniencia de los gobernantes y así se ha hecho tradicionalmente. El abuso de la prerrogativa gubernamental de la figura del indulto por parte de los diferentes gobiernos, ha dado lugar a que en los últimos decenios se hayan indultado casos celebérrimos.
Una de las bases de datos más interesantes a la hora consultar la gestión de este tipo de perdón es Civio. En ella se pueden encontrar todos los concedidos desde el año 1996, en concreto, se han concedido 10.652 medidas de gracia a lo largo y ancho del estado español. Se ha indultado a personalidades que estaban imputadas por delitos de malversación de caudales públicos, delitos contra el medio ambiente, funcionarios que han atentado contra las libertades individuales... Pero quien se lleva la palma es el gobierno de José María Aznar que en tan sólo dos legislaturas libró a 5.948 personas de cumplir condenas. Felipe González indultó a 5.944 personas. Zapatero, en sus dos legislaturas, concedió un total de 3.381 durante cuatro años. Mariano Rajoy fue quien menos concedió, 898 indultos en siete años. Y Pedro Sánchez, por el momento, lleva 70 indultos, la mayoría por delitos contra el patrimonio. Uno de los más llamativos es el de Jesús Gil, que se ha beneficiado de ellos hasta en dos ocasiones. La primera fue en 1971, por homicidio involuntario y la segunda, por una condena por estafa.
Otro de los agraciados fue Alfonso Armada, que recibió el indulto del Gobierno de Felipe González, siendo uno de los cabecillas del intento de Golpe de Estado del 23-F, en 1981, condenado a 30 años de cárcel. También lo fue José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el secuestro de los GAL a Segundo Marey, a los que se redujo la pena y el grado penitenciario. Y podríamos seguir porque la lista es larguísima, pero les voy a ahorrar el disgusto.
Resumiendo, el problema no es la figura del indulto sino el uso discrecional que se hace de él. Es decir, de la perversión de la ley y del atentado moral que supone. Porque no todos los presos son indultados creándose de facto una discriminación entre presidiarios de primera y de segunda. La razón es que, se indulta con fines puramente políticos, convirtiendo el indulto en una forma "prostituida" de pago por los favores recibidos con anterioridad. Vamos, una mezquindad.