La resolución "tardía" del Tribunal Constitucional a propósito del Estado de Alarma que no llega, es una moción de censura a toda la clase política; así hay que entenderlo. Pues fueron "todos" los que votaron positivamente a un Estado de Alarma a todas luces ilegal; si hubieran querido decretar la restricción de la movilidad en todo el país, hubieran podido ordenar el Estado de Excepción, ¿por qué no lo hicieron, qué temían? Alguien argumentará que era necesario por motivos sanitarios, pero como hasta para ir a tirar la basura lo hacemos con arreglo a las leyes, yo me debo a ellas y afirmo que tal decisión fue vulnerando la Constitución, pues el Decreto atentaba contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es más, creo que fue un acto de totalitarismo como no se ha visto en ningún sitio.
También la dilatación de la sentencia por parte de los jueces del Constitucional es un acto criminal. Téngase en cuenta que al verse afectados los derechos fundamentales de los ciudadanos, los magistrado del Tribunal Constitucional debían de haber actuado de urgencia, puesto que de lo que se trataba aquí es, de la privación de tales derechos por parte del Estado, y esto no es baladí. ¿O acaso no sabían sus señorías lo que hacían? Lo niego, a todos ellos, diputados y magistrados, se les supone un conocimiento de la Constitución mayor que el de cualquier ciudadano, ¿lo ignoraron entonces? Mucho me temo que sí y sin embargo continuaron adelante; a eso sólo se le puede llamar de una manera: prevaricación. Algo por lo que deberían dejar sus cargos de inmediato, con una hoja de renuncia, cuando no, de arresto por subvertir el orden constitucional. Porque se puede decir sin equívoco; lo que se cometió por aquellos días fue el peor atentado a la democracia desde el golpe de Estado de Tejero. Éste, instrumentalizado desde dentro y por las mismas instituciones que se suponen, velan por nosotros. Que es lo que sucede cuando pones a los lobos a cuidado de las gallinas.
La resolución del Alto Tribunal supondrá la cancelación de miles de multas impuestas a los ciudadanos durante esos días de Estado de Alarma, y que se saltaron las restricciones, queriéndolo o no. Se trata de sanciones por un "delito" que ninguno cometió pues se hallaban en su legítimo derecho de deambular libremente. Por no hablar de la brutalidad policial tratando como peligrosos delincuentes a ciudadanos pacíficos cuyo único "delito" fue, el de ejercer su derecho. En decenas de vídeos se aprecia un "especial" ensañamiento por parte de los agentes en el momento de reducir a las personas para llevárselas incluso detenidas, sólo y porque no llevan las preceptivas mascarillas; vergonzoso. No me cabe duda de que los agentes actuaron cumpliendo la orden de sofocar cualquier conato de insumisión a la orden dada por el gobierno.
Hay que tener en cuenta que el decreto por el que se instaura el Estado de Alarma en el país, conculcaba derechos tales como el de reunión, el de trabajo, el de manifestación, el de libre tránsito, el de asistir a enfermos, éste moral, e incluso el de expresión, pues se persiguió en las redes sociales, y aún se hace, toda soflama contraria al gobierno y si no, acuérdense de la denuncia pública del General de la Guardia Civil en la comparecencia televisada de aquel domingo 19 de abril de 2020. El lapsus que no fue tal decía lo siguiente: "La Guardia Civil trabaja para minimizar la crítica contra el Gobierno en las redes", literal. Pero por supuesto éste no es el único acto en el que el Estado se ha extralimitado, pero sí el más grosero y el más autoritario.
El Estado convive desde hace mucho en una escalada frenética de abuso a la esfera privada de los ciudadanos, a menudo consentida por éstos en su creencia de que el gobierno está en su derecho de hacer y deshacer, pero esto no es cierto. Lo fue con la tarifa de la luz, con el encarecimiento de las mascarillas colocando un 21% de IVA a un artículo decretado como obligatorio. Con la imposición de las vacunas. Con "la patada en la puerta", cuya reciente resolución de la Audiencia provincial de Madrid, decreta que la misma por parte de la policía, afecta "a la inviolabilidad del domicilio" y por lo tanto, es un abuso en toda regla. Se trata, en resumen, de un aumento de la violencia institucional que tiene por objeto "amordazar" a la ciudadanía y acabar con los pocos derechos individuales que aún nos quedan.
Ante la posibilidad más que probable de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en breve aunque con un retraso inexcusable sobre el Estado de Alarma, ilegal, y que lo haga en esos términos, censurando la arbitrariedad del gobierno y por extensión de todo el parlamento, cómplice necesario, el gobierno estos días se apresura a hacer una enmienda a la ley de Seguridad Ciudadana, menuda ironía, para introducir la posibilidad de obtener "plenos poderes" en caso de una crisis. Hasta ahora se ignora siquiera si el gobierno requerirá el visto bueno del parlamento o le bastará con "imaginarlo" para instaurarlo. Menuda broma.
Atiéndase no obstante en que la diferencia estriba en el concepto de crisis porque y con toda seguridad, lo que usted entiende por tal, no será ni de cerca lo mismo que para el gobierno que quiere el poder absoluto de la nación con ansias vivas. Y todavía los habrá, los abnegados palmeros sin duda, quienes aplaudan la iniciativa con las orejas. ¿Pero es que nos hemos vuelto imbéciles? Lo peor de todo es que la gente calla sumida en la indigencia mental. Entretanto, el gobierno, éste o cualquier otro, que lo sabe, lo aprovechará en su beneficio. Eso supondría vivir de facto en una dictadura; podrá usted ir a comprar, podrá ir a trabajar, pero no pronunciarse en libertad porque una opinión contraria será tachada de delito de odio, disidencia al Estado, traición a la patria o cualquier otra memez semejante que se pueda consignar a voluntad en el código penal como delito. Y todos tan tranquilos.