Los inmunólogos no se ponen de acuerdo sobre la validez real de las vacunas en cuanto a inmunización y contagios se refiere, pero España impone el "pasaporte Covid" convirtiéndose de facto en un alumno aventajado de la discriminación social que propicia la Unión Europea.
Aún cuando está por demostrar la eficacia de las vacunas y el riesgo de los efectos secundarios de éstas a medio y largo plazo, las instituciones se lanzan a la carrera de "prohibir". Así, nadie que no esté vacunado podrá tomar un medio de transporte o acceder a un local de ocio sin el preceptivo pasaporte, ¿pero, en base a qué?
A día de hoy, las vacunas sólo son efectivas y así lo advierten los prospectos de éstas, prospectos que nadie se lee, ni los sanitarios siquiera, para minimizar los síntomas de una posible infección. Se ignora todo en cuanto a la duración de la protección vacunal y la transmisión de patógenos. Sin embargo los "green pass", ligan su éxito a los resultados de las famosas PCR, cuando es harto conocido que éstas sólo son una herramienta estimativa para conocer si los individuos están libres de infección, pero nada más.
La OMS ha afirmado recientemente que el pasaporte sanitario va en contra del principio de equidad. Los expertos mantienen que no es ético “discriminar” a las personas entre las que han recibido la vacuna y las que no. Sobre todo, cuando no todo el mundo ha tenido acceso a la pauta completa. Por no hablar de quienes, en su legítimo derecho, optan por no ponérsela. Así que "inducir" a la gente a hacerlo bajo “amenaza” es sencillamente mezquino.
Por otro lado, los expertos advierten que limitar la movilidad es inconstitucional y antidemocrático. Una norma universal como ésta, que obliga al conjunto de la población y que restringe sus derechos, sólo se podría llevar a cabo por medio de una ley orgánica o de la instauración de un nuevo Estado de Alarma. Así que jamás una CC.AA. podría legislar en este sentido porque, sencillamente, estaría atentando contra los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución española. De nuevo nos encontramos ante un dislate legislativo "coercitivo" de las autoridades al pretender impedir el libre tránsito de las personas sin la normativa adecuada. Recordemos que el primer Estado de Alarma decretado por el Gobierno donde se restringía o suprimía tales derechos, ha sido recientemente declarado "inconstitucional" por el Tribunal competente. Así pues, la historia se repite y los políticos vuelven a errar.
La instauración de una medida coercitiva y discriminatoria como lo es el pretendido pasaporte Covid, aún con la mejor de las intenciones, no sólo no garantiza la efectividad sugerida de inmunidad para la población ni evita la transmisión de la enfermedad sino que además, es una barbaridad política descomunal. Hasta la hostelería rechaza la medida porque discriminar a la clientela entre aptos y no aptos, no es lógico ni se hace con arreglo a la ley. No pueden ellos “exigir” que un ciudadano se identifique y mucho menos, que acredite sus datos sanitarios porque sencillamente son privados.
Dicho pasaporte crea de facto una brecha social antidemocrática al considerar a unos ciudadanos frente a otros. Ambos pagan sus impuestos con regularidad y ambos están sujetos a los mismos derechos y obligaciones frente a la ley. Entonces, cómo imponer el presente pasaporte Covid para restringir o suspender precisamente sus libertades consagradas en la Carta Magna.
El pasaporte es un atentado a la libertad de las personas. Pero hace mucho que la Covid traspasó el umbral de lo sanitario para convertirse en un asunto de índole social y que tiene como objeto la restricción de las libertades. Ni más ni menos. Empiezo a pensar sino se trata más bien de un experimento a escala global para adivinar la resistencia de la población frente un control masivo. Quizá he visto demasiadas películas distópicas, pero esto del pasaporte Covid me lo recuerda vivamente.