El tema de hoy, los impuestos, es delicado; lo sé. Como también sé que a algunos, mi conclusión de que los impuestos son un robo, le podrá sorprender por inédita, aunque no lo es tanto. A otros en cambio, les irritará sobremanera porque les toca en lo personal, es decir, en el bolsillo (no hay nada más personal). Y es aquí cuando aluden, entonces, a eso de que los tributos permiten los servicios públicos del que nos beneficiamos todos: hospitales, carreteras, etc. Sin embargo, nadie se percata del sobredimensionado tamaño de esta cosa que se llama Estado, y si lo hacen, callan taimadamente.
Pero empecemos por definir qué es un impuesto. Para esto parece razonable acudir a una institución tan prestigiosa como lo es la RAE. Veamos pues: "impuesto es un tributo "exigido" sin contraprestación en virtud de la capacidad económica puesta de manifiesto por el contribuyente". Desde el principio quedan claras dos cosas: la primera, la particularidad coercitiva del impuesto puesto que resulta (exigida) y segunda, que además queda sin compensación o resarcimiento por ello. Es decir, que el Estado no tiene que dar nada a cambio, ni siquiera explicaciones. Justo lo que significa la palabra robo y sino, regresemos de nuevo a la RAE para verificarlo. “Robo es quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, por medio de la violencia, la intimidación o la utilización de la fuerza”. Es en éste punto en el que, los que están de acuerdo con los impuestos (y hago aquí una salvedad para aclarar que yo también lo estoy, aunque a favor de una contribución necesaria, racional y no coercitiva), arguyen que los impuestos son una “contribución”, poco menos que un acto caritativo, queriendo así realzar la "voluntariedad" como valor esencial, puesto que a juicio de éstos, se trata de una obligación patriótica nada menos. Sin embargo, esto es un error desde el instante en que es "exigido", como bien apuntaba la RAE.
De modo que entendemos por impuesto, ese dinero que las empresas y los contribuyentes estamos “obligados” a pagarle al Estado (que nadie sabe a ciencia cierta quien es) sin contraprestación alguna. Además, el Estado se arroga el papel de "administrador único de los recursos". ¿Qué significa esto? que el Estado invertirá lo que ha recaudado en lo que crea conveniente, sin dar explicaciones por ello al contribuyente que es, a fin de cuentas, a quien le ha sisado los dineros. Pudiera querer el Estado invertirlo en hospitales o en carreteras públicas, pero si no lo hace tampoco pasa nada porque tampoco tiene obligación de hacerlo; es el Estado quien posee la fuerza de la ley y el monopolio de la violencia. Porque por otro lado, es bien sabido que la buena gestión de los recursos públicos, no es precisamente uno de los méritos del Estado. Como también lo es, la opacidad con la que actúa. Y como todo ladrón, el Estado, para asegurarse la obtención del botín, exige al contribuyente que cumpla puntualmente con su pago bajo amenaza de sanción o de cárcel (a Dios gracia, de momento no con la vida, pero todo se andará).
Hay dos posturas encontradas a propósito de los impuestos. Una, la de los que estiman que éstos son parte de un "pacto social", es decir, de un acuerdo asumido voluntariamente entre los ciudadanos. Y otros, quienes piensan que los impuestos son básicamente un "robo" y que no tiene otro objetivo que el lucro personal. Quienes piensan que los impuestos tienen su origen en un "pacto social", creen que aunque forzados, los impuestos ayudan a corregir las desigualdades sociales hasta el punto de estimar que quienes más tienen, más deben contribuir para redistribuir la riqueza entre los que menos tienen. No obstante, esto es a todas luces un desatino porque sería tanto como castigar legalmente a quien ha adquirido unos ingresos legítimos con el esfuerzo de su trabajo.
Los que estiman que es un "robo", se basan en que los impuestos, como su propio nombre indica, son forzados y por lo tanto, un acto que viola las libertades individuales. El contribuyente no puede decidir si desea contribuir o no, o a qué fin se destina su dinero. Debe confiar en el "buen hacer" de la clase política. Existe también la creencia ingenua (no se puede calificar de otra manera), de que el Estado lo hace “por el bien de todos” y que, como Estado que es, no necesita dar cuentas, tratándonos así como a menores de edad. También los mafiosos sicilianos exigen un tributo a cambio de una protección que nadie ha pedido, tampoco dan cuenta de sus turbios negocios, y sin embargo, es también siempre por el bien de todos.
Pero no seamos enrevesados. Podríamos pensar que la "sustracción" de nuestros ingresos es por una buena causa. Qué se yo: para hacer escuelas, para construir carreteras y así un largo etcétera. Las carreteras son esenciales, qué duda cabe, pero quién valora qué es lo necesario y qué no lo es. Esta facultad también se la arroga el Estado.
Por último, ¿puedo yo negarme a que me vacíen el bolsillo aunque sea por una buena causa? No. Entonces podemos deducir, sin lugar a dudas, que nos encontramos ante un robo. Si un atracador me asalta en mitad de la calle, no pide mi permiso, actúa con violencia y me intimida. Sin embargo, a lo mejor el ladrón roba porque necesita comer. No desea herirme ni asustarme, pero tampoco me lo pide prestado sino que me amenaza con una navaja, por lo tanto es un robo. Y como el ladrón, el Estado tampoco solicita mi permiso, sencillamente lo toma.
Partimos de la base de que el hombre es dueño de sí mismo, que tiene derecho a la vida (Declaración Universal de los Derechos del Hombre), y además, que es libre de gozar del fruto de su trabajo, mientras no afecte a los proyectos de vida de otros hombres. Estamos de acuerdo en el propio hecho de que vivir implica estar sometido a los rigores de la naturaleza: el hombre tiene que trabajar para alimentarse, para proveerse y, para buscar abrigo y refugio. Lo que significa una forma de esclavitud en cierto modo. Pero ésta es connatural a la propia existencia. Diferente es cuando quien te esclaviza es otro hombre. Y el Estado es un asociación de individuos agrupados con el fin de sacar beneficio propio de los ingresos de otros hombres; vamos, lo mismo que hacen las organizaciones criminales.
Los impuestos se sustentan en ley, y toda ley, incluso las justas, son impuestas porque tienen como origen el derecho positivo. Esto es, la prohibición y la sanción como forma de gobierno, a diferencia de la ley consuetudinaria o el derecho natural. Es habitual, cuando se habla de impuestos, oír que éstos son un"compromiso moral con la sociedad", cuyo origen reside en el "contrato social" inferido por Rousseau. Parte de la idea de que, todos los ciudadanos están de acuerdo en autogobernarse mediante la figura del Estado, que venía a sustituir al poder del rey. Por tanto, no se trata más que del cambio de una figura por otra, pero con el mismo carácter coercitivo. Sin embargo, a mí nadie me ha preguntado su estoy de acuerdo o no. El contractualismo ve en ello una bendición. Sin embargo, cabe preguntarse si como hemos visto, el impuesto moderno no tiene un origen natural y mucho menos divino, qué nos hace que tengamos que obedecerlo. La respuesta es bien sencilla: la violencia del Estado.
Efectivamente, si el impuesto fuera "voluntario", pocos y sólo los muy concienciados, accederían a contribuir con el Estado. No porque el resto no quisiera hacerlo sino porque éstos, lógicamente, exigirían saber qué se hace con su dinero, algo a lo que el poder se niega en rotundo. El cobro de los impuesto es un ejercicio legal del Estado junto con el monopolio de la fuerza. Si el poder puede hacer la ley a conveniencia para someter a los hombres, qué nos hace sospecha de que en realidad no se trata de una organización criminal. Qué los hace diferentes de los gánsters de Nueva York o de la camorra siciliana. En efecto, nada.
Los impuestos son deducidos del salario de los trabajadores incluso antes de que éstos puedan hacer uso legítimo del resultado del esfuerzo de su trabajo. Si esto no se puede denominar robo, no sé qué lo es. Pero si el robo estatal quedara en el IRPF, podríamos darnos con un canto en los dientes, sin embargo, no es así. No contentos con esto, el Estado recauda ingresos a través de múltiples vías:
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Impuesto sobre Sociedades (IS)
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Impuesto sobre el Patrimonio
Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales (ITPAJD)
Impuestos Especiales
Impuesto sobre las Primas de Seguros
Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
Cabe preguntarse si en los países donde los impuestos son altos, como es el caso de España, si las desigualdades sociales, la corrupción y los niveles de pobreza son también altos. Si es así, entonces el desempeño de las funciones gestoras por parte de Estado son deficientes y por tanto, no tiene sentido un Estado que se empeña en seguir haciéndolo mal.
De hecho, la solución habitual en todo país donde los índices de pobreza son elevados, suele ser por norma, subir los impuestos para acabar, dicen, con la desigualdades. Sin embargo, pasan los años y éstas no sólo no desaparecen sino que aumentan. Y de nuevo, el poder argumenta que necesita más dinero y más impuestos para atajar el problema de la desigualdad y la pobreza. Así y según la OCDE, España es el tercer país de la Union Europea cuyo IRPF es más alto, (25%). Eso sí, por detrás de países como Portugal o Francia. La presión fiscal en España, al cierre del ejercicio de 2020, se situó en el 39.9%. Un total de 487.804 millones de euros, sobre un PIB de 1,24 billones. La presión fiscal más alta la registró Francia seguido por Dinamarca y Bélgica.
Estos índices son imprecisos y de poca utilidad para hacernos una idea general del asunto porque mientras España es uno de los países con menor presión fiscal de la eurozona, el esfuerzo final se sitúa entre los más altos, incluso por encima de países como Dinamarca, Suecia, Finlandia u Holanda, países paradigmáticos por sus altos impuestos, y sin embargo, también altas rentas. Así, mientras que la presión fiscal en Dinamarca se sitúa en el 45.4%, el esfuerzo exigido a los españoles es considerablemente más elevado. La renta per cápita de un danés es de 51.600€/anuales, mientras que para un español es de menos de la mitad (24.000€). Esta diferencia surge fundamentalmente, porque el sistema español no es capaz de recaudar más dinero aunque suba los impuestos, como consecuencia de la economía sumergida por un lado, y por el otro, por el enorme impacto de la actividad productiva que ejerce el aumento de la presión fiscal.